La ley de Pago a 30 días promulgada en 2019 por el gobierno busca promover los tiempos de pago de las deudas contraídas con empresas cuando efectúan las ventas de un producto o prestación de servicios, estableciendo plazos, regulando el no cumplimiento de los mismos, garantizando el derecho a la aplicación de intereses por morosidad, definiendo cláusulas abusivas e incorporando el derecho a indemnización.
La Ley considera la posibilidad de acordar excepciones al plazo de pago, dada las características propias de cada sector económico. De esta manera, las partes podrán establecer, de común acuerdo, un plazo que exceda el referido en el párrafo anterior, siempre que dicho acuerdo conste por escrito, sea suscrito por quienes concurran a él y no constituya abuso para el acreedor. Estos deberán ser inscritos oportunamente en el Registro del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
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